Una pequeña historia sobre la Ley de la Dependencia

Erase una vez un hijo que tras diagnosticar a su madre como enferma de Alzheimer decidió solicitar el reconocimiento con dependiente en la Comunidad Autónoma de Canarias, y eso empieza a finales del 2012, en ese momento la afectada tenía 81 años de edad. A su vez deben de tomar una decisión difícil como supone el ingreso en un centro de mayores. Se busca uno cercano y donde con todo el esfuerzo del mundo se pueda afrontar la cuota mensual (1.400 euros). A los hijos no le importa gastar los ahorros familiares. Agradecen de sus padres únicamente la educación recibida, no quieren más.

En estos trámites de la Ley de Dependencia, en enero de 2014, recibe la visita de una técnico del Gobierno de Canarias en el derecho a la información previa, lo que decía que sería un paso para un programa de atención individualizada e inminente resolución.

Lejos de dictarse tal resolución pasa el tiempo, meses y meses. En busca de ayuda pública solicita una plaza en los centros públicos del Instituto de Atención Socio Sanitaria (IASS) dependiente del Cabildo de Tenerife, aquí se le dice, que visto su caso particular al tratarse de una familia estructurada (hijos que se preocupan de su madre)  y con una pensión de unos 700 euros la dependiente, será difícil, ya que no se trata de antigüedad, sino que siempre habrá gente más necesitada y la que se dota de más puntos. Y así, en esa lista no avanza. Bueno, lo asume y sigue esperando una resolución que le permitiría contar con una pequeña ayuda que minimice el importante aporte mensual y suponga una tranquilidad para años futuros.

En enero de este año, pasados tres años de aquella primera visita, decide dirigirse al Diputado del Común lo que activa que se le vuelve a dar trámite de audiencia: recibe la visita de una técnico de servicios sociales del Gobierno de Canarias (el mismo trámite que en el año 2014), ahora bien se le informa:

- Que está en una residencia no concertada con el Gobierno de Canarias y en ese momento le hace entrega de una lista de centros a los que al parecer se les dota tal carácter.

- Le pregunta (el hijo protagonista de la historia), si el centro en el que está es ilegal. A lo que dice que no, que tiene todos los permisos, pero no es concertado y que si estuviera en un centro con tal carácter podría recibir una ayuda económica (en torno a 400 euros más o menos como sustitutivo de la prestación del servicio y en base al grado de minusvalía) por lo que la resolución que cree que se dictará (cuando se adopte) será de lista de espera al internamiento en un centro público.

- En ese momento y con esa lista de centros concertados se fija en especial en los cercanos a su casa. Y le comenta, "mire señorita, los que tiene en la lista tienen una mensualidad media cercana o superior a los 2000 euros y nosotros pagamos 1400, no tenemos capacidad económica, so pena de una más rápida descapitalización, y ello para afrontar la cuantía mensual, para que según usted luego nos den unos cuatrocientos euros, lo que significa que pagaríamos más con su ayuda de lo que abonamos ahora  y en nada nos estaría ayudando".

A fin de ser ilustrativo los centros cercanos concertados que se le traslada son: AMMA, Mirador de Ifara, Centro Sociosanitario (antiguo Hospital Militar), los cuales tienen esas mensualidades.

Es decir, que para recibir una pequeña prestación sustitutiva (a falta de plazas públicas, donde siempre hay gente más necesitada) debe de acudir a unos centros que tiene un concierto y con unas cuantías mensuales astronómicas, que con la ayuda prevista, si te la concedieran, supondría una mayor cuantía y desembolso, es decir un negocio redondo.

Son gente normal, clase media trabajadora, sin más en parte ahí está su mal. No son clase alta, donde no habría problema, ni una familia desestructurada. Simplemente, cuando estás en la mitad el sistema te castiga y te ahoga. Llevan gastado en estos años unos 70.000 euros, solo hay que multiplicar, mensualidad mil cuatrocientos euros por los meses transcurridos desde enero de 2013.

Actores de la historia:

Ese hijo soy yo.

La dependiente mi madre.

Los encargados de la Ley de Dependencia:  los Servicios Sociales del Gobierno de Canarias.
Los centros concertados
(http://www.gobiernodecanarias.org/politicassociales/dependencia/servicios/index.html)

Las preguntas:

¿Por qué se concierta o solo se autoriza a las residencias más caras e inaccesibles?
¿Por qué la dejación administrativa y falta de resolución?
¿Por qué se nos deja a la deriva?

Las conclusiones que las ponga cada cual.